La indecisión de la Corte prolonga la incertidumbre sobre inversiones y sobre la definición jurídica del sector energético, pero mantiene abierta la posibilidad de acudir a los tribunales.
Publicado en la revista Expansión el 14 de abril de 2022.
La decisión de la Suprema Corte sobre la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) ha tenido extensas y variadas lecturas que asignan por igual victorias y derrotas a todos los actores. La obligación de la Corte es aplicar la defensa del orden constitucional y no la búsqueda de decisiones salomónicas, pero quizá detrás del fallo se encuentra su deseo ofrecer a todos los actores una salida satisfactoria que ayude a despresurizar el ambiente político.
Si la Corte hubiera votado mayoritariamente en contra de la propuesta de la ministra Loretta Ortiz, la presión se volcaría sobre los diputados que discuten la reforma constitucional y el tono de la confrontación política sería aún más radical y peligroso.
Para quienes están involucrados en la industria eléctrica, la indecisión de la Corte prolonga la incertidumbre sobre sus inversiones y sobre la definición jurídica de su actividad pero mantiene abierta la posibilidad de acudir a los tribunales y defender la legalidad de sus operaciones. Adicionalmente, que la mayoría de los ministros se hayan inclinado por la inconstitucionalidad de la LEI, permitirá a jueces revisar los casos que se les presenten bajo esa perspectiva y fallar a favor de las empresas. En unos meses más, quizá bajo otro presidente, la Corte volverá a revisar nuevos amparos y tendrá que analizar nuevamente la constitucionalidad de la ley. Que las empresas sigan actuando en los cauces del sistema jurídico mexicano también podrá evitar que recurran a instancias internacionales para dirimir la controversia con el gobierno mexicano.
Para la industria, la vigencia de la LIE es menos dañina que la aprobación de la reforma constitucional por dos razones. Por un lado, la reforma es mucho más amplia en sus alcances que la LIE. Por el otro, a futuro la ley puede modificarse o eliminarse más fácil y rápidamente -con mayoría simple- que la constitución. Parafraseando a Enrique IV, “el negocio de energía bien vale una LIE”.
Aunque el presidente López Obrador deseaba un fallo favorable de la Corte, y lograr la aprobación de la reforma constitucional, –“las dos”, dijo–, el día posterior al fallo declaró que la vigencia de la LIE le permite alcanzar su objetivo de proteger y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. De inmediato el gobierno comenzará a cambiar el despacho de energía favoreciendo a las hidroeléctricas, a presionar a las empresas a plegarse al nuevo marco legal y a los jueces para que no concedan amparos y no se conviertan en “abogados patronales”. El círculo de amparos, ataques y presiones volverá a comenzar.
La actitud del presidente también manda un mensaje importante a la Cámara de Diputados para la discusión de la reforma constitucional. Aprobarla sigue siendo un objetivo de Morena y del gobierno, pero perder la votación ya no es una cuestión de vida o muerte si el presidente dice que con la LIE tiene suficiente. El peligro para los líderes de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados es que la disciplina y presencia de todos sus miembros se relaje si sienten que se debilita la consigna de aprobar o rechazar la iniciativa presidencial a como dé lugar y por ausencias o abstenciones de algunos legisladores pierden el voto.
Más allá de la discusión de los temas eléctricos, el fallo de la Suprema Corte puede ser usado por los actores políticos para reencauzar el diálogo y bajar el tono de la confrontación que ha vivido México en los últimos meses. A nuestro país le vendría bien un respiro después de meses de constantes ataques del presidente a adversarios y de los partidos de oposición y grupos empresariales al presidente. El enfrentamiento ha polarizado a una sociedad que, en su mayoría, ignora los beneficios y afectaciones que traerían a su vida la aprobación de la ley y la reforma constitucional.
Lamentablemente, este posible descanso solo es el preludio a la nueva gran batalla política sobre la preservación de la independencia y autonomía del Instituto Federal Electoral. Todos los actores políticos están velando armas porque, de entrada, lo que está en juego es la confiabilidad de las elecciones presidenciales del 2024.
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