En el argot de la política mexicana se le conoce al ‘Año de Hidalgo’ como el periodo final de una administración que da paso al saqueo de recursos y bienes públicos, además de excesos y actos de corrupción de los funcionarios salientes. Ante un escenario de posibles riesgos por actos de corrupción, las empresas deben estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones administrativas ante autoridades federales, estatales y municipales, y cerrar todas las brechas que puedan ser aprovechadas para la extorsión corporativa.
Publicado en Revista Fortuna el 14 julio de 2023.
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El término ‘Año de Hidalgo’ deriva de una frase popularizada entre funcionarios de gobierno y burócratas, desde la década de los 70, que reza: ‘Es Año de Hidalgo, chingue a su madre el que deje algo’, para referirse de manera burlesca a los excesos y el derroche a costa del erario en el último año de gobierno. Este modelo indeseable de saqueo gubernamental, no solo se ha perpetuado y evolucionado sino que se va sofisticando, pues en años recientes, se conocen casos de exfuncionarios que recurrieron a prácticas más complejas para ‘llevarse una tajada’ al concluir sus funciones.
Focos rojos frente a las elecciones de 2024
El periodo electoral del 2024 puede ser propicio para que funcionarios se sientan atraídos para extraer recursos de las empresas. Por un lado, está el temor de que la derrota electoral se traduzca en la posibilidad de quedar sin empleo. Por el otro, es necesario financiar miles de campañas electorales y el acceso a recursos puede hacer la diferencia para un candidato.
Hay que tener en consideración que el próximo año estarán en juego 3 mil 406 cargos de elección popular:
Presidente de la República
500 Diputados federales
128 Senadores
9 Gobernadores y jefe de Gobierno de la CDMX
972 Diputados locales
1612 Alcaldes
24 juntas municipales
160 Concejales de la CDMX
Si consideramos tres aspirantes por cargo de parte de cada uno de los partidos y coaliciones para competir por estos espacios, estaríamos hablando de una participación de 10 mil 218 candidatos. Esto implica que muchos actuales funcionarios buscarán la reelección o dejarán su cargo para buscar nuevas posiciones. El efecto de vacío que se está generando, puede favorecer malas prácticas para canalizar recursos ilegales al financiamiento de campañas o beneficios personales.
Corrupción en México
La corrupción es un problema que resulta difícil de cuantificar en términos económicos para un país; sin embargo, existen algunas mediciones que pueden dar una idea de la gravedad de la situación. En 2018 la OCDE calculó que la corrupción le cuesta a México entre 5 y 10% del Producto Interno Bruto (PIB) ya que perjudica los procesos productivos e implica la pérdida de recursos que dejan de canalizarse en áreas de interés público como bienestar y desarrollo. En la edición 2022 del Índice de Percepción de Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, México fue el peor evaluado entre los 38 miembros de la OCDE y el segundo peor del G-20, solo superado por Rusia.
El impacto de la corrupción para las empresas
En 2020, el INEGI publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en las Empresas (ENCRIGE), cuyo objetivo es conocer la percepción de las empresas sobre corrupción, sus experiencias al recibir servicios de gobierno y la confianza que tienen en las instituciones. A nivel nacional, la percepción de las empresas sobre la frecuencia de actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos, descendió respecto a la anterior edición del ENCRIGE en 2016, pasando de 82.2 a 71.5%. Aunque en 4 años la cifra disminuyó casi 10 puntos, el nivel se mantiene muy elevado. Según los resultados de 2020, 72.6% de las empresas considera que la razón principal por la que se producen actos de corrupción es para agilizar trámites, mientras que 37.9% señala que es para evitar multas o sanciones.
De acuerdo con un estudio elaborado por Coparmex y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), a nivel nacional, 4 de cada 10 empresas, experimentaron en 2022, algún acto de corrupción por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno, lo que significa un incremento de 6.4% respecto a 2020 y la cifra más alta desde 2019. Enciende alertas el hecho de que 3 de cada 4 empresarios que fueron víctimas de corrupción, no denunciaron debido al temor a represalias o por considerar que prevalecerá la impunidad. Según el estudio, entre las empresas que indicaron haber sufrido algún tipo de corrupción, 69% fue por acciones para la agilización de algún trámite, 39% para evitar multas, sanciones y clausuras, y 36% para obtener licencias y permisos. Sobre el nivel de gobierno, 55.9% de los socios de Coparmex señalaron que se experimentaron actos de corrupción en los gobiernos estatales, 54% a nivel municipal, y 46.2% a nivel federal. Mientras que las grandes empresas son las principales víctimas, según los datos obtenidos por Coparmex y MMCI.
¿Qué consideraciones tomar?
Una manera efectiva que tienen las empresas para blindarse de la corrupción, es tener en orden todos sus trámites y obligaciones ante las autoridades.
Considerando que el período electoral se ha ampliado debido al largo proceso de precampañas, el incentivo para extraer recursos de las empresas también puede ser más amplio, tanto para quienes desean ser candidatos como para el momento en que se inicie la fase formal de las elecciones.
Es difícil saber el nivel de corrupción en México porque no se denuncian todas las acciones. La cifra negra es el combustible que alimenta la impunidad y en el mismo sentido, fortalece las estructuras de corrupción.
Más allá de los discursos, es claro que el gobierno federal no ha logrado erradicar la corrupción, de hecho, se mantienen vivas las prácticas que permiten y toleran las malas prácticas gubernamentales que impactan en la sociedad y las empresas.
La bandera del combate a la corrupción es altamente redituable en los discursos político-electorales en puerta, sin embargo, los futuros gobernantes y legisladores van a heredar un problema que se ha enraizado.
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