Publicado en Expansión el 4 de septiembre de 2024.
El tratado de libre comercio de América del Norte (TLCAN) tenía implícito que México se asemejara más a las democracias anglosajonas de la región. Para que el tratado pudiera ser aprobado se necesitaba comunicar sus componentes comerciales y jurídicos pero, más importante aún, los atributos del país con el que Estados Unidos y Canadá se estaban asociando y responder a las preguntas: ¿Qué país es México? ¿Qué instituciones tiene? ¿Se cumplen sus leyes? ¿Tiene equilibro de poderes? ¿Se respetan los derechos humanos? ¿Se defiende a la propiedad privada? ¿Se persigue a los delincuentes y al crimen organizado? ¿Se cuentan correctamente los votos? ¿Existe libre competencia? En suma, ¿se parecen a nosotros.
En ese momento, para muchas de estas preguntas la respuesta obvia era que no. Durante la década de los años 80s, México había sufrido una seria crisis de imagen con Estados Unidos por el creciente poder del narcotráfico, en especial por el asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena, y en los 90s, por la declaración del escritor peruano Mario Vargas Llosa en el sentido de que México era la “dictadura perfecta”. La imagen de México estaba muy dañada y nadie esperaba que una mayor integración bilateral recibiera una recepción positiva entre los estadounidenses o canadienses. Para ellos, México era un país con gente alegre y hermosas playas, pero con un gobierno corrupto y autoritario y una economía proteccionista. Estaba muy lejos de ser el socio ideal. Era una novia poco atractiva para un matrimonio.
Por eso, la apuesta temeraria del primer ministro de Canadá, Brian Mulroney, y del presidente George W. Bush, era vestir a la novia y lograr que sus ciudadanos aceptaran que una mayor integración económica llevaría a México a transformarse en un país como el de ellos.
Y la apuesta se cumplió. A partir de 1990, México sufrió una transformación institucional sin precedentes. Surgieron órganos independientes para responder a las expectativas de los socios comerciales. Por ejemplo, se crearon la Comisión Nacional de Derechos Humanos (1990) para castigar los abusos de autoridades, el Instituto Federal Electoral (1990) y el Registro Federal Electoral para eliminar el fraude electoral, la Comisión Federal de Competencia (1992) para promover un ambiente empresarial sin monopolios o evitar la dominancia económica de una empresa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (1992) para evitar que empresas contaminantes se establecieran en México, o la Comisión Federal de Telecomunicaciones (1996) para promover la modernización de ese sector. Se construyó un entramado institucional para atender las inquietudes de los socios comerciales de México y parecerse más a ellos.
En lo político, seis años después de que entró en vigor el TLCAN, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que, con diferentes siglas, había gobernado México desde 1929, perdió la presidencia y comenzó un proceso de alternancia. Entre 2000 y 2024 se llevaron a cabo en cinco elecciones presidenciales y tres partidos distintos gobernaron al país. A excepción del resultado electoral de 2006, ninguna elección presidencial del siglo 21 fue cuestionada.
No obstante, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2018, varias de las decisiones, políticas y leyes que México ha impulsado han causado gran inquietud en Estados Unidos y Canadá. La situación se ha agravado con la elección de junio de 2024, en que de Claudia Sheinbaum ganó la presidencia con una abrumadora mayoría y su partido, Morena, quedó con el control absoluto de las dos Cámaras del Congreso y de las legislaturas de la mayoría de los estados de la República, suficientes para realizar cambios constitucionales sin necesidad de negociar los partidos de oposición.
En los próximos días, el gobierno mexicano puede aprobar reformas constitucionales y leyes que permiten la elección popular de ministros de la Suprema Corte de Justicia y jueces; que integran a los organismos independientes de competencia, energía, telecomunicaciones, o transparencia, a la estructura formal del gobierno; y que dan preferencia a las empresas de energía del estado, como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, sobre las empresas privadas de Estados Unidos y Canadá. Los contrapesos de una democracia se verán debilitados o completamente eliminados.
Lo que temen Estados Unidos y Canadá es tener como socio a un México con un partido hegemónico que controla el Congreso federal y gobierna 24 de 32 entidades de la República; que ha eliminado órganos autónomos que sirven de contrapeso a decisiones del gobierno, que cuenta con un sistema judicial susceptible a la presión política y del crimen organizado, y que carece de una oposición política y sociedad civil que sirvan para equilibrar el peso de la maquinaria del estado.
Internamente, lo único que puede moderar al gobierno es el decoro, la mesura y la autocontención y, externamente, la reacción de los mercados financieros y las preocupaciones de sectores empresariales. Fuera de eso, nada impide al gobierno continuar con el plan de transformación política y social que no entienden los gobiernos y grupos empresariales de América del Norte.
Quienes vieron con esperanza que los efectos secundarios de un tratado comercial en América del Norte llevarían a la convergencia de sus naciones, hoy tienen la impresión de que el proceso sufre una preocupante reversión. Los tres socios ya no comparten los mismos valores y prácticas democráticas. Uno de ellos ha desviado el rumbo. Hoy, México se está convirtiendo en un país que es menos como ellos.
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Claudia Sheinbaum and the new Mexican Political System
Article published in Expansion, September 4, 2024
When negotiated in the early 1990´s, the North American Free Trade Agreement (NAFTA) implicitly suggested that Mexico would become more like the Anglo-Saxon democracies in the region. To approve the treaty, it was necessary to communicate its commercial and legal components, but more importantly, the attributes of the country with which the United States and Canada were partnering, addressing the questions: What kind of country is Mexico? What institutions does it have? Are its laws upheld? Is there a balance of powers? Are human rights respected? Is private property defended? Are criminals and organized crime pursued? Is it a real democracy? Are votes counted correctly? Is there free competition? In short, is México like us?
At that time, the obvious answer to many of these questions was no. During the 1980s, Mexico had suffered a serious image crisis in the United States due to the growing power of drug trafficking, especially following the murder of DEA agent Kiki Camarena, and, in 1990, with the statement by Peruvian writer Mario Vargas Llosa that Mexico was the “perfect dictatorship.” Mexico’s public perception was severely damaged, and no one expected that greater bilateral integration would be positively received by Americans or Canadians. To them, Mexico was a country with cheerful people and beautiful beaches but with a corrupt and authoritarian government and a protectionist economy. It was far from being the ideal partner—an unattractive bride for marriage.
Therefore, the risky bet of Canadian Prime Minister Brian Mulroney and President George H. W. Bush was to dress up the bride and get their citizens to accept that greater economic integration would lead to Mexico´s transforming into a country like theirs.
And the bet paid off. Starting in 1990, Mexico underwent an unprecedented institutional transformation. Independent bodies emerged to meet the expectations of its trading partners. For instance, the National Human Rights Commission (1990) was created to punish abuses by authorities; the Federal Electoral Institute and the Federal Electoral Register (1990) were established to eliminate electoral fraud; the Federal Competition Commission (1992) was set up to promote a business environment free of monopolies or prevent the economic dominance of any company; the Federal Environmental Protection Agency (1992) was created to fend off polluting companies from setting up in Mexico; and the Federal Telecommunications Commission (1996) was formed to encourage the modernization of that sector. An institutional framework was built to address the concerns of Mexico’s trading partners and to make the country more like them.
Politically, six years after NAFTA came into effect, the Institutional Revolutionary Party (PRI), which under various names had governed Mexico since 1929, lost the presidency, and a process of political alternation began. Between 2000 and 2024, five presidential elections took place, and three different parties governed the country. With the exception of the 2006 electoral result, no 21st-century presidential election was viewed as fraudulent.
However, with the arrival of Andrés Manuel Lopez Obrador to the presidency in 2018, several of the political decisions and laws that Mexico has implemented have caused great concern in the United States and Canada. The situation worsened with the June 2024 election, in which Claudia Sheinbaum, a close associate of Lopez Obrador, won the presidency by an overwhelming majority, and her party, Morena, secured absolute control of both chambers of Congress and the legislatures of most states in the Republic, sufficient to make constitutional changes without needing to negotiate with opposition parties.
In the coming days, the Mexican government may approve constitutional reforms and laws that allow for the popular election of Supreme Court ministers and judges; that integrate independent institutions that address competition, energy, telecommunications, or transparency issues into the formal structure of the government; and that give preference to state-owned energy companies like Petróleos Mexicanos (PEMEX) and the Federal Electricity Commission (CFE) over private companies from the United States and Canada. The checks and balances of a democracy will be weakened or completely eliminated.
What the United States and Canada now fear is having a partner in a Mexico with a hegemonic party that controls the federal Congress and governs 24 of 32 states in the Republic; that has eliminated autonomous bodies that serve as checks on government decisions; that has a judicial system susceptible to political pressure and organized crime; and that lacks a political opposition and civil society capable of counterbalancing the weight of the state machinery.
Internally, the only thing that can moderate the government is decorum, moderation, and self-restraint; externally, the reaction of financial markets and the concerns of business sectors. Beyond that, nothing can stop the government from continuing with the political and social transformation plan that North American governments and business groups do not understand.
Those who hoped that the unintended consequence of a North American trade agreement would lead to the convergence of their nations now have the impression that the process is undergoing a worrying reversal. The three partners no longer share the same values and democratic practices. One of them has deviated from the course. Today, Mexico is becoming a country that is less like them.
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